La coyuntura política peruana atraviesa una aparente crisis de inestabilidad, que a decir de los opinólogos de moda tiene su raíz en la tensión prolongada que protagonizan irremediablemente el Ejecutivo, encabezado por Martín Vizcarra, y el Legislativo, presidido hace poco más de un mes por Pedro Olaechea. 

Son efectivamente tres años desde que el “partido” de PPK asumiera las riendas del gobierno nacional, y haciendo un análisis objetivo del asunto, podemos concluir que hasta el momento no se perciben mayores cambios trascendentales para el país.

Por supuesto que no falta aquel cándido que nos reprocha a la cara los últimos destapes de corrupción en cada una de las esferas de poder, que justamente se han dado a conocer en el periodo del actual gobierno. Por si fuera poco –según ellos–, el propio presidente se ha declarado presto a luchar contra el flagelo de la corrupción, dado que así lo viene expresando en cada oportunidad que tiene ante el micrófono.

Pero amigos, ¿acaso podría ser de otra manera? ¿Qué otro mandatario en su sano juicio manifestaría lo contrario? Y no, el Ejecutivo no cuenta con potestad alguna de intromisión en las funciones que corresponden al Ministerio Público, que dicho sea de paso se trata de un organismo con autonomía plena.

Peruanito, la actuación delincuente de Odebrecht e implicados no fue develada por ningún gobierno de nuestro país; los esfuerzos por poner en regla a la compañía constructora vinieron del exterior. Respecto del caso “cuellos blancos del puerto”, quien hizo de público conocimiento los criminales hechos fue nada más y nada menos que el Instituto de Defensa Legal (IDL-reporteros). Sí, en ninguno de los casos fue el Ejecutivo. Distinto es que el Gobierno actual tome como bandera la lucha contra la corrupción, aprovechando injustamente las tareas desplegadas por otros órganos, pero también capitalizando las desacertadas actuaciones de un Congreso en su mayoría opositor.

Frente a la imposibilidad de plantear una salida regular a la supuesta crisis, el Gobierno del Sr. Vizcarra ha creído conveniente encauzar con urgencia el adelanto de las elecciones generales, paralizando nuevamente al país en debates estériles, que distan años luz de los problemas reales que aquejan a las grandes mayorías peruanas.

Las problemáticas en salud, educación, empleo, justicia, desarrollo, permanecen postergadas, sin que de por medio se avizore voluntad política alguna para tomarlas como prioridad. Lo que preocupa del asunto es que ahora ni siquiera la sociedad civil organizada hace presión para que se gire el lente en torno a las cuestiones que efectivamente son de interés general, porque anda ocupada en hacerle coro al oficialismo.

La atención se ha concentrado en su totalidad en las posibles “nuevas elecciones”, que por cierto –sin intención de arrebatarles la utopía–, no garantizan ningún cambio para la patria. Pero sí, lo peor que nos podría pasar como país es que se repita un escenario como el que estamos sobrellevando en la actualidad, donde no hay interés de ninguna de las partes “polarizadas” por anteponer al Perú por sobre todo.

Mientras se debate la viabilidad de un nuevo proceso eleccionario, nos preguntamos qué se está haciendo por el peruano de a pie, quien ha sido el que ha dado la confianza a las ahora autoridades para que solucionen los problemas más actuales que directamente le afectan. El vacío en la respuesta, es el diagnóstico más sincero que compromete al gobierno central, tanto como a los parlamentarios.

La “democracia” tal como la entendemos en suelo patrio, ha fracasado. Se necesitan nuevas reglas de juego para fortalecer las instituciones que vienen siendo fuertemente cuestionadas. La gran mayoría de peruanos, no están preparados para un adelanto de elecciones, de hecho ni siquiera para tomar una decisión acertada en el periodo regular eleccionario. Lo que sí urge es el debate para establecer un nuevo pacto social. Asimismo, reunir los esfuerzos necesarios para que una Nueva Constitución, no solo sea una consigna de pasacalle, sino ante todo, una realidad. Claro que eso no genera crispaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, quienes coinciden favorablemente en el capítulo económico de la Constitución vigente, entre otras perlas.

Por lo pronto, la atención está volcada en aspectos insustanciales. Mientras no se cuestione el modelo económico que ensancha copiosamente las brechas históricas del país, no existirá voluntad sincera por subvertir el status quo decadente. Frente a ello, no sería ninguna sorpresa que las próximas autoridades electas sean incluso peores a las que por ahora nos gobiernan.