Los recientes acontecimientos políticos en el país, protagonizados por dos de los tres poderes del Estado, han dejado en la completa incertidumbre a la gran mayoría de peruanos, pero a su vez, esta mayoría ha expresado euforia por la medida de fuerza adoptada en las últimas horas por el presidente Martín Vizcarra. 

La actuación del Legislativo –ahora ya disuelto–, devenía en insostenible. La mayoría naranja no perdía ocasión para hacer y deshacer lo que se le venía en gana, siempre que ello importe cualquier tipo de obstaculización al gobierno central. Ha sido así por más de tres años consecutivos.

Los resultados como consecuencia de la pugna de poderes entre el Parlamento y el Gobierno, por un periodo considerablemente prolongado, lo han sufrido las mayorías peruanas, pero principalmente los sectores más empobrecidos de la patria. El crecimiento económico, por tercer año contiguo ha sido ínfimo, y el desarrollo de la Nación sigue –como ya por décadas– postergado. La esperanza en lugar de renovarse, se nos muere en la eterna espera.

Lo que anunciara el presidente de la República, en su mensaje a la Nación por fiestas patrias, hace poco más de dos meses, generó una ola de alegría entre muchos de los peruanos. En particular, aplaudí la promesa de seguro de salud integral para todos los connacionales, indistintamente de su condición socioeconómica. Golazo –esperemos no demagógico– de Vizcarra. Asimismo, precisó la intención por parte de su gobierno de invertir mucho más en la salud mental de la población. Medida urgentísima, y necesaria en el país. A propósito del conflicto socioambiental en el valle del Tambo, provocado por el proyecto minero Tía María, Vizcarra se comprometió a impulsar una nueva ley de minería. Propiamente –como en las promesas anteriores–, sostuve que era justo y necesario. Y finalmente, para cerrar con broche de “oro” –para muchos, por supuesto, alborozo que no compartí, por cierto–, planteó el adelanto de elecciones generales para el 2020, y que fue la detonante que generó un sinnúmero de debates entre políticos, opinólogos, constitucionalistas, etc. del medio, si era o no viable en términos democráticos. Lo cierto es que la diversidad de interpretaciones tanto negativa como positivamente sobre la posibilidad de un adelanto eleccionario, dentro de los cánones constitucionales iba en aumento. De hecho, ha sido este bimestre, el tema político que ha copado los medios periodísticos que se precian de informar con seriedad.

Debo reconocer que el júbilo por la nueva ley de minería que el Sr. Vizcarra planteó en su mensaje del 28 de julio, me duró poco, dado que finalmente se decidió por la sola modificación a la ley de minería existente. No queda duda que los poderes fácticos congracian con el actual mandatario. Una real pena para las masas populares; sin embargo lo que indigna sobremanera son aquellos grupos autodenominados de “izquierda” que confabulan con el Ejecutivo, conociendo de sus medidas antipueblo. Toda una vida estos agentes financiados por la USAID haciendo de voceros del gobierno de turno. Amiguito/a, si no quieres volver a votar mal, para luego arrepentirte, identifícalos, y para las próximas elecciones no los votes; ellos también son culpables de la miseria del país. Estos lobos disfrazados de ovejas son enemigos del Perú.

Pero al grano. Luego de que la comisión de constitución del Parlamento archivara el proyecto de ley de elecciones generales del 2020, y procurando a plazo exprés elegir a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, el presidente de la República no tuvo otra alternativa sino la de plantear cuestión de confianza por medio del premier Salvador del Solar, para que los nuevos integrantes de este organismo constitucional autónomo sean elegidos de forma transparente.

Pese a los impases que tuvo que afrontar el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, para plantear la cuestión de confianza en el hemiciclo, logró hacerlo; situación que parece haberles importado absolutamente nada a la mayoría parlamentaria, al punto que llegaron a elegir como uno de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional al Sr. Gonzalo Ortiz de Zevallos, nada más y nada menos que el primo del Sr. Pedro Olaechea, el “flamante” presidente del Congreso.

La elección fuertemente cuestionable, de dicho miembro, fue suficiente para que el Sr. Martín Vizcarra se exprese en horas de la tarde, ante el pueblo peruano, disolviendo “constitucionalmente” el Congreso, pese a estar debatiéndose en esas horas la cuestión de confianza planteada ese mismo día, por la mañana.

La alegría de la mayoría peruana, que lleva largos meses pidiendo el cierre del Congreso, irrumpió en todo el territorio nacional; sin embargo, aun compartiendo el contento de nuestra ciudadanía, nos preocupa la ligereza con la que actuó el presidente Vizcarra, aduciendo a una negación fáctica de la cuestión de confianza por parte del Legislativo, lo que desde nuestro parecer resulta descabellado. Queda claro que los entonces congresistas, de ninguna manera iban a votar en contra de la cuestión de confianza, que en otras palabras les significaba votar por su autodisolución, por lo que el art. 134 de la Carta Política del Estado, se constituía hasta hace poco como un mecanismo inteligente de control de poderes que de alguna forma garantizaba el equilibrio democrático entre Ejecutivo y Legislativo.

Pese a la infracción constitucional, que en buena cuenta se pudo observar de ambos lados, lo cierto es que para poner fin a la crisis política, el Sr. Martín Vizcarra no tuvo otra opción.

El guion fujimorista ya lo conocemos de memoria. En efecto, en lo formal iban a otorgarle la cuestión de confianza, pero en la práctica iban a hacer lo imposible para entrabar su ejecución. Propiamente, lo mismo que hemos visto durante estos años. En esencia, la crisis política se hubiera conservado intacta.

La decisión del Ejecutivo, de disolver el Congreso más que responder a inspiraciones “constitucionalistas”, viene imbuida de razones –principalmente– políticas; y como tal, el Decreto Supremo publicado el lunes 30 de septiembre del año en curso, es en toda su esencia, político.

De momento ya no existe la tensión política entre Parlamento y Gobierno, pese a que la comisión permanente del Congreso todavía pretende incorporarse con uno que otro manotazo de ahogado, sin embargo el Legislativo ha sido disuelto, ya nada que nos coloque los pelos de punta podrá hacer el Sr. Olaechea. Ahora nos toca al pueblo organizado, fiscalizar que las medidas que adopte el Sr. Vizcarra se den en diálogo con la ciudadanía en general.

Pero ese es otro cantar, toda vez que la reforma laboral antitrabajador, ha sido elaborada y aprobada de espaldas al pueblo, con la venia del ahora popular presidente.

Si bien se ha puesto de moda –parecería que por los últimos acontecimientos– considerar seriamente una reforma constitucional, incluso el Diario Gestión hace referencia al respecto, lo cierto es que todavía les da temor –¿acaso urticaria?– a las élites enquistadas en el poder, escuchar a muchos sectores organizados invocar con optimismo, el abrirnos paso hacia la construcción de un proceso Constituyente, que siente las bases económicas de cara a la ciudadanía y la clase trabajadora.

Con el actual gobierno, todavía se está lejos de pensar siquiera en un cambio integral de la Constitución. Recordemos que las reformas parciales que se vienen considerando, no tocan en absoluto el modelo económico que ensancha las brechas históricas de pobreza y desigualdad que nos cercena como sociedad; mas la reciente convulsión política, podría de algún modo ser la oportunidad para elevar el nivel de conciencia de la población, permitiéndonos reflexionar el país que queremos para nosotros, y para las generaciones venideras.