Si hasta hace pocos meses –antes que la pandemia por el coronavirus paralice buena parte del planeta–, la salud mental de los peruanos era sumamente preocupante, de conformidad con las estadísticas que registraba el Instituto Nacional de Salud Mental, donde se superaba con facilidad los cinco millones de connacionales que presentaban al menos un trastorno de carácter psiquiátrico, y que de esta cantidad alarmante, más del 80% de casos no recibía atención especializada, a la fecha, en pleno cumplimiento del aislamiento obligatorio –me atrevo a decir que– la totalidad de peruanos –indistintamente– ha experimentado un menoscabo respecto de su bienestar emocional. 

Siendo el Perú el segundo país latinoamericano con el mayor número de contagios por el virus del Covid-19, solo después del Brasil –país que por poco nos septuplica en población–, es completamente evidente que no estábamos de ninguna manera preparados para afrontar lo que se nos ha agolpado como una suerte de dolorosa realidad. A decir verdad, herencia que cargamos como cruz las grandes mayorías peruanas, desde la entrada en vigencia de la Constitución fujimorista del ‘93, engendrada a partir del condicionamiento e imposición del Consenso de Washington. Avalada en adelante por todos los gobiernos de turno, sin excepción. Como siempre, serviles a los intereses de los poderes fácticos, e indiferentes a las necesidades apremiantes de la población.

Y si bien, ya es bastante conocido el abandono histórico de los gobiernos entreguistas al sector salud –las últimas estimaciones ubican al Perú entre los países de la región con menos inversión en este ámbito. Para ser exactos, a penas se destina un 3.2% del PBI–, tan solo el 1% del presupuesto total asignado para este rubro, cobertura la salud mental.

Propiamente, si ya de por sí el Estado peruano ha venido tratando a la salud como la última rueda del coche, su desprecio por el equilibrio emocional de la población ha alcanzado niveles espantosos. Y bueno, eso es justamente lo que pasa cuando se privatiza la sanidad. Cuando en lugar de reconocer un derecho tan fundamental –y la necesidad de su atención inmediata– solo se advierte a la salud como una fuente efectiva de hacer dinero.

No obstante lo mencionado, el gobierno no puede pasar por alto los trastornos psíquicos asociados al estricto cumplimiento de la cuarentena –la que ya ha superado los sesenta días–. Debe, por el contrario, prestar asistencia especializada a la población afectada en sus facultades mentales, priorizando –en la medida de lo posible– a quienes componen las capas sociales más vulnerables.

De hecho, una buena salud emocional fortalece el sistema inmunológico. Precisamente lo que tanto se necesita en tiempos como los que corren. Pero una cosa es lo que bienitencionadamente se anhela para nuestra sociedad, y otra muy distinta la realidad que nos toca vivir día a día, a las mayorías peruanas.

Lo cierto es que, en la coyuntura actual, resulta bastante difícil mantenernos a cabalidad. Se vive, por el contrario, una suerte de ansiedad generalizada. Efectivamente, por diversas causas, pero que han tenido como detonante común la pandemia por el Covid-19. Así, se tiene como factor determinante del pánico colectivo que se vive, el miedo real a contraer el virus. Pero también reconocemos como perjudicial para el sistema anímico: el aislamiento social obligatorio –per se–, asimismo –en esa línea–, el distanciamiento físico con nuestros círculos más próximos; el luto por las irreparables pérdidas humanas; la imposibilidad de conceder un entierro digno a las víctimas mortales del virus, tanto como a aquellos cuya muerte responde a causas diferentes; la paralización de las actividades regulares; los noticieros sensacionalistas que alimentan el morbo, conjuntamente con los bulos y las fake news. La crisis económica, traducida en la pérdida de empleo, en la aplicación de la suspensión perfecta de labores; en algunos casos, la paralización total de las fuentes de trabajo; en la reducción –si no pérdida absoluta– de ingresos monetarios; en el aumento considerable de pobreza, pobreza extrema, hambre, etc. La crisis sanitaria, que se ha cobrado miles de vidas lamentables, entre las que se cuentan la de médicos, enfermeras/os, y demás personal de salud. Así también, –en algunos casos– el abuso perpetrado por las fuerzas represivas del Estado (PNP, FF.AA.), quienes se excusan –sin mayor inconveniente– en el genuino estado de excepción. No es para menos, la violencia doméstica que ha ido en crecida según los últimos reportes en estos dos meses, al igual que las agresiones sexuales en los propios hogares, y los lamentables feminicidios que nos recuerdan día tras día que seguimos siendo un país asquerosamente machista.

Bastante se especula de un mundo poscovid. De hecho, se sobre idealiza la vida luego de culminada la cuarentena. Se arguye ligeramente que nada será como antes. Que en efecto la pandemia por el coronavirus significará un antes, y un después en la sociedad. Con consecuencias significativas en la manera de relacionarnos los unos con los otros, pero también con un trato mucho más amigable con el ambiente.

En lo personal, discrepo y tomo distancia saludable con tan utópica hipótesis. De lo que sí estoy segura, y en ese sentido merece nuestra primaria atención, es de las secuelas que podrían acarrear los trastornos psicológicos identificados a partir de la pandemia por el Covid-19, siempre que no se traten en sus etapas tempranas. He allí una tarea prioritaria que le corresponde abordar al gobierno en tiempo récord y de modo integral.