La campaña última lanzada por el Ejecutivo, con el propósito de frenar la cadena de contagios por el Covid-19, además de indolente es el claro reflejo del Perú anacrónico que todavía somos, lamentablemente. 

Y es que son muchos en este país los que rememoran con nostalgia aquello que aprendieron de primera mano en su paso por las aulas, que “la letra entra con sangre”, como acuñara ‘anecdóticamente’ Ricardo Palma, en una de sus “tradiciones peruanas”, allá por el Siglo XIX.

Se entiende por ese lado la avalancha de apoyo que recibió el capitán Christian Cueva, en el mes de marzo, ni bien iniciada la cuarentena, luego de golpear y humillar cobardemente a un menor de edad.

Como se recuerda del condenable hecho, la opinión pública se encontraba dividida en aquel momento, lo que no supuso la inaplicación de la Ley, como corresponde en intervenciones irregulares como aquella. Sin embargo, el ideario fascistoide de buena parte de la población peruana, es seriamente preocupante. Por allí que logre entenderse los altos índices de violencia que nos descolocan como país que brega por su desarrollo.

Ahora bien, a estas alturas de la emergencia sanitaria, luego de conocerse las siniestras cifras que enlutan a nuestro país como el primero con la tasa de mortalidad por Covid-19 más alta del mundo, el Gobierno del Sr. Vizcarra pretende quedar limpio de polvo y paja, y no ha visto mejor manera de hacerlo que trasladando la responsabilidad exclusiva sobre la ciudadanía.

Así, el dedo acusador del Ejecutivo ya no solo apunta al Congreso que le es hostil en la diversidad de materias que divergen, para conservar su aprobación. Ahora le resulta conveniente utilizar a la población como chivo expiatorio, sin el menor tino de por medio. Qué le importa al Sr. Walter Martos si para ello se comprometen susceptibilidades. Como es evidente, para este Gobierno el fin justifica los medios. Maquiavelo no podría estar más conforme.

La campaña “El Covid no mata solo #NoSeamosCómplices”, desnuda la insolidaridad e indolencia de nuestra clase gobernante con aquellas familias que han perdido a sus seres queridos en la lucha contra el Covid-19, pero también con aquellas otras que vienen atravesando momentos complicados a causa del contagio; y lo es en general, con la población peruana que se tiene que comer acallada cifras de espanto que registra a diario esta pandemia.

Porque no es cierto Sr. Vizcarra que haya un solo peruano que busque llevar el virus a casa, pero sí muchísimos que deben llevar el pan diario, y no tienen otra forma para hacerlo que aquella a la que los gobiernos suyo y los que le anteceden les han forzado con su inacción. Porque la informalidad es responsabilidad de todos, sí, como sociedad. Pero la solución es tarea inexcusable de las autoridades políticas locales, regionales y nacionales. Con más del 70% de informalidad en el país, queda claro que poco o nada se ha hecho para combatir este flagelo que ha terminado por posicionarnos como el país con la tasa más alta de mortalidad por coronavirus del mundo.

Aun así, el Gobierno conociendo de qué pie cojea la gran mayoría de la población peruana, y de cierto modo por la formación militar del premier, no ha tenido mejor idea que apelar al miedo como recurso “necesario” para disminuir el nivel de contagios por Covid-19.

Un despropósito por donde se lo mire. Ya con la extensión del estado de emergencia por cerca de seis meses, muchas de las libertades de los ciudadanos se han visto seriamente restringidas, como para que se le sume a ello una campaña de terror, que trae consigo una fuerte carga represiva de carácter psicológica. Los impuestos de los peruanos para diseñar campañas en contra de los mismos. Paradójico para muchos –me incluyo–, pero no para todos, porque están los que justifican estas iniciativas opresivas, señalando que si no hay mano dura, el peruano promedio no entiende. Como decía, Maquiavelo no podría estar más satisfecho. Porque si bien el Gobierno ha cedido a la práctica reprochable del “fin justifica los medios”; sin embargo, es buena parte de la población la que se inmola a estos medios, a los que termina, finalmente, alentando.

No obstante, lo que debe quedar claro –aunque el Gobierno del Sr. Vizcarra pretenda lo contrario– es que ninguno de nosotros procedemos con la intención de contagiar a nuestros seres queridos. No hay forma de tolerar tamaño despropósito. Bien hiciera el Ejecutivo en corregir esta campaña del miedo que invade nuestros hogares, y que nos coloca en un estado permanente de sospecha contra los propios integrantes de nuestras familias, en lugar de promover la solidaridad y apoyo que debe primar en estos entornos, sobre todo en el contexto difícil que venimos atravesando a causa de la pandemia.

Si no recurrimos a la familia como soporte, entonces, ¿a quién Sr. presidente?, porque incluso en este estado de emergencia sanitaria, se advierte el abandono del Estado. Y con mayor crudeza, por supuesto; dado que como han manifestado muchos de los infractores de las medidas dictadas con ocasión del virus del Covid-19, prefieren que los arreste la policía, porque esa sería la única forma para que puedan acceder gratuitamente a las pruebas que detectan el contagio por coronavirus. ¡Cuánto daño ha hecho a nuestra población la privatización de la salud! Ahora pagamos con creces las consecuencias, con miles de vidas que lamentamos.

Si al Gobierno se le ha dado por encontrar responsables de esta tragedia sanitaria a toda costa, entonces va siendo tiempo de que voltee su mirada sobre sus propias acciones, en lugar de señalar torpemente hacia los sectores populares.

Porque no es responsabilidad del pueblo, sino del Gobierno la asignación de bonos “universales”, que jamás llegaron a quienes realmente lo vienen necesitando. El peruano de a pie no ha tenido otra alternativa que salir a buscar el sustento diario para su familia. Y no, no es cómplice. Tiene que cubrir una necesidad primaria como lo es la alimentación, Sr. Vizcarra.

Tampoco es responsabilidad del pueblo peruano el desmantelamiento de la salud pública. Las privatizaciones son obra exclusiva de los gobiernos vendepatria que nos han mal representado en esta democracia fantoche que se resiste a ultranza a la posibilidad de su transformación.

Responsable es su Gobierno, Sr. presidente, de la inyección de capital por medio de los bancos a las grandes empresas a través de la iniciativa “Reactiva Perú”, que haciendo justicia a la realidad de los hechos, de lo que se ha tratado es de un “Prorratea Perú”.

El responsable indiscutible es este Gobierno pro empresariado que en lugar de sumarse a la consigna “que paguen los ricos”, como bien han hecho los gobiernos de otros países del globo, ha preferido adoptar el slogan tácito del “sálvese quien pueda”, y como siempre que paguen los pobres, que son las mayorías peruanas, y al parecer las que menos incomodan cuando se trata de colocarlas como medida de salvataje.